"EL GOBIERNO ESPAÑOL SE ENRIQUECE INJUSTAMENTE CON EL PATRIMONIO DE MILES DE FAMILIAS"

"¿COMO PODEMOS PAGAR ALGO QUE EL ESTADO NOS PUEDE QUITAR CUANDO QUIERA?"

Sin duda habrán sido muchos los ciudadanos residentes en el litoral mediterráneo español los que ayer hayan sentido que sus clamores contra el urbanismo descontrolado han sido al fin escuchados en alguna parte.

En palabras de la propia autora de la resolución histórica aprobada ayer en el Parlamento Europeo, el informe Auken es el resultado de un largo trabajo “que repercute en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos”.

“Hablamos de repercusiones catastróficas, especialmente en las zonas costeras, que afectan a la ecología, a la economía y a los derechos de los propietarios que han adquirido legalmente sus viviendas” Entre estos últimos se encuentran miles de propietarios de viviendas en la provincia de Alicante, para quienes la aplicación retroactiva de la Ley de Costas ha convertido las escrituras de sus pisos adquiridos legalmente en papel mojado.

No pueden hipotecarlos para hacer frente a la crisis, tampoco pueden venderlos y lo único que se les permite es seguir pagando los créditos que contrajeron para adquirirlos , y las reformas a las que se ven obligados, cuando su deterioro afecta a las seguridad de los viandantes.

Este es el caso, por ejemplo, del edificio Helios, que actualmente se ha visto obligado a acometer una reforma de la fachada por valor de un millón y medio de euros, con una derrama para cada propietario de unos 24.000 euros. “¿Pero cómo podemos pagar tanto dinero para reformar algo que es del Estado y que nos pueden quitar en cualquier momento”?, se lamenta Rogelio Sanchís, el propietario de un restaurante familiar en primera línea.

En el caso,de Rogelio, la aplicación de la Ley de Costas que ha reprobado el Parlamento europeo podría dejarle no sólo sin vivienda, sino también sin el único medio de vida con el que subsisten él y su familia. De nada le sirven las escrituras del piso y de local del restaurante, ni la licencia de apertura o el permiso de la Comandancia de Marina, con el que se construyeron todos los edificios de la zona afectada ahora por el deslinde. La interpretación de la Ley que han realizado los técnicos de Costas, deja su vivienda familiar y su negocio dentro del temido DMT (Dominio público Marítimo-Terrestre).

Otra comunidad de vecinos, la del edificio de Rocafel ha recibido una multa de Costas por reparar varias ventanas que fueron destruidas por un vendaval en el 2008, a pesar de que el propio Ayuntamiento de Alicante había exigido a la comunidad de vecinos “su reparación urgente parta evitar peligros”. Son los laberintos kafkianos de una ley que muchos no entienden y que a la mayoría se le antoja caprichosa, o interesada en sus criterios de aplicación. “Nos quieren quitar las casas por una ley del año 88, pero toda esa zona de urbanizaciones nuevas ha sido construidas a partir del año 2000 y nadie se ha metido con ellas, a pesar de que están a siete metros del mar”, argumenta indignado otro de los vecinos señalando a la zona de Cala Cantalar, donde puede apreciarse aún los andamios de un chalet todavía en construcción que parece corroborar sus afirmaciones.

Todos estos vecinos se sienten víctimas de una maraña de leyes y disposiciones incomprensibles y abiertas a cualquier interpretación. Una sensación que refleja el informe aprobado ayer por el Pleno del Parlamento Europeo: “La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa…la recién recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello”, reza el documento.

Más contundente se muestra aún Carmen del Amo, la presidenta de la Asociación Europea de los Afectados por la Ley de Costas: “El Gobierno Español se enriquece injustamente pasando a nombre del Estado el patrimonio de cientos de miles de familias a las que está llevando a la desesperación, y a lo mejor lo único que pude pasar para que se replanteen esta política despiadada es que Europa les pueda quitar los fondos estructurales y las subvenciones a su urbanismo”, declara, esperanzada, con el resultado de la votación en el Parlamento Europeo.Ignacio Martín Sáez

EL PE VOTA EL INFORME AUKEN CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL URBANISMO

AUKEN, JUNTO A LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS
El Pleno del parlamento europeo asistirá mañana a la tercera votación contra la política urbanística española, tras la propuesta presentada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) basada en el informe Auken de la europarlamentaria danesa de los verdes.
Trabajando codo con codo, las delegaciones europeas del PP y PSOE se afanan durante las últimas horas en recabar apoyos que logren restarle al texto definitivo parte de su inusitada dureza.
Y no es para menos, ya que, en caso de aprobarse sin las enmiendas de los dos grandes grupos políticos nacionales, aparte de abundar en el descredito internacional que acumula nuestro país en una materia especialmente sensible como es su sector inmobiliario, supondría una propuesta para suspender las ayudas que España recibe de la UE, a menos que las autoridades españolas rectifiquen lo que la europarlamentaria califica como “falta de claridad, precisión y seguridad jurídica que ha generado una forma de corrupción endémica”.
Además, el documento que se presentará a votación exige una moratoria para todos los proyectos urbanísticos que no se plieguen a las leyes europeas, y realiza una condena manifiesta de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, que en la provincia afecta a los derechos de propiedad de miles de familias que adquirieron sus viviendas con anterioridad a la aprobación de la ley en el entorno del litoral alicantino (Albufereta, Santa Pola, Arenales del Sol…)

El informe del Comité de Peticiones ha estudiado las denuncias presentadas por numerosos colectivos de españoles y europeos que se sienten víctimas del la planificación urbanística, como la “Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medio ambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos” y “La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas”. A lo largo de sus 35 páginas, el documento arroja dudas sobre la capacidad del sistema judicial español para restablecer los derechos de los afectados por las aplicaciones abusivas o la vulneración de la legislación vigente. De hecho, la comisión se pregunta el motivo por el que la Ley de Costas de 1998 ha recobrado ahora su impulso “después de estar 20 años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación”, y define su aplicación como “caótica y arbitraria porque permite que se demuelan antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos".

El texto que se presentará mañana a votación considera que esta ley afecta “de manera desproporcionada a los propietarios particulares pero no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera” , e insta a que se revise urgentemente “a fin de proteger los derechos legítimos de estos. “Ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente puede encontrar su fundamente jurídico en una ley adoptada con posterioridad, porque ello sería contrario al Derecho Comunitario” reza el documento.

Una condena desde el parlamento europeo que “en caso de aprobarse supondría un aliento de esperanza para las miles de familias a las que se está llevando a la desesperación”, según declara a este diario Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, y residente en la zona de Rocafels. “La única salida posible, visto que la justicia española resulta excesivamente lenta, cara e incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, ha sido la de recurrir al Parlamento Europeo pidiendo su amparo” declara.

DISCRIMINACIÓN EN EL MAR

“LOS NEGROS COBRAMOS MENOS QUE LOS ESPAÑOLES Y HACEMOS LOS TRABAJOS MÁS ARRIESGADOS”


Desigualdad del trato laboral en el mar. Discriminación a la hora de asignar las ayudas europeas por las paradas biológicas. Dos denuncias de trato discriminatorio que afectan a dos colectivos diferentes del sector pesquero, y que saltan a la luz ahora que la crisis económica comienza a ahogar los bolsillos de los trabajadores.
De un lado, los marineros de la flota de arrastre litoral de Torrevieja, Santa Pola, Campello y Villa Joyosa presentaron ayer cerca de doscientas firmas ante la Consellería de Agricultura y Pesca en Alicante, denunciando que las ayudas previstas en Bruselas para sobrellevar las paradas biológicas sólo están llegando a los armadores de los barcos en la Comunidad Valenciana; de otra parte, el cerca de medio centenar de pescadores senegaleses que conforman la flota nasera de Santa Pola se manifestará el lunes ante la Cofradía de Pescadores, para denunciar una desigualdad salarial que consideran discriminatoria y abusiva.
“Para poder engañarnos, a los negros nos pagan aparte de los españoles y nos dan menos de la mitad que a ellos, aunque hacemos el mismo trabajo, y muchas veces la parte más arriesgada”, denunciaba ayer a este diario uno de los portavoces del colectivo de senegaleses. “Algunos contratan trabajadores sin papeles, a otros nos contratan por 40 días y cuando volvemos al puerto nos dan de baja. Ha habido compañeros que se han roto una pierna en el mar y se han quedado sin seguridad social, después de tres años trabajando en estas condiciones”.
El colectivo de senegaleses de esta modalidad pesquera de altura, que por la dureza sus condiciones cada vez cuenta con menos trabajadores españoles dispuestos a enrolarse, denuncia que como consecuencia de la crisis, ha aumentado el número de africanos que se ofrecen para este puesto “y los armadores de los barcos se están aprovechando para pagarnos cada vez menos”. Sostienen que tras tres meses de dura faena en alta mar tan sólo obtienen unos 2.400 euros, mientras que los mismos marineros de nacionalidad española perciben entre 4.000 y 5.000 euros por realizar el mismo trabajo. “Los compañeros españoles reconocen esta discriminación, porque a muchos de ellos también les parece injusto; pero también nos cuentan que sus jefes les advierten que no nos digan lo que están cobrando ellos, y nos pagan aparte para que no nos demos cuenta. Por eso, el lunes nos vamos a manifestar ante la cofradía a las once y media de la mañana; y nos gustaría que no acudieran sólo los marineros senegaleses, sino también los españoles que no están de acuerdo con este trato y los marineros de arrastre que están siendo discriminados por otros motivos”.
Por su parte, los marineros de arrastre en el litoral alicantino denuncian, que tras haberse manifestado junto a los armadores en mayo de 2008, ahora, las ayudas entonces prometidas por Europa sólo están llegando a los primeros en la Comunidad Valenciana, a diferencia de lo que está sucediendo en otras comunidades.
“Los marineros somos los que pagamos las paradas biológicas de nuestro propio paro porque la Consellería de pesca dice que no hay partida para nosotros; por lo visto sólo hay dinero para los dueños de los barcos”, denunciaba ayer un grupo de trabajadores del mar en el puerto de Santa Pola. “En otras comunidades están recibiendo las ayudas de 36 euros por día desde el 2007, pero aquí lo que hacen es mandarnos al paro para que nos comamos el subsidio de desempleo. Si esto es una parada biológica que vengan los señoritos de Europa y que lo vean”, añade otro marinero sin esconder su enfado.
La nueva directiva europea, tras las manifestaciones de pescadores que recorrieron el continente en mayo del año pasado, conocida como reglamento 744, establecía, entre otras modificaciones encaminadas a fomentar el ahorro de combustible, una serie de medidas para equilibrar las prácticas productivas de la pesca con la capacidad de recuperación biológica de los caladeros, así como su armonización con las demandas de un mercado saturado, que aboca al sector a la caída en picado de su rentabilidad.
En el marco de este plan operativo del Fondo Europeo de Pesca (FEP) se establecía fomentar el aumento de las paradas biológicas hasta los 90 días por ejercicio, frente a los 30 días anteriores. Los marineros podrían optar a percibir 36 euros por cada día de parada en lugar de consumir su prestación por desempleo. Los armadores, por su parte, se beneficiarían de un subsidio proporcional al tonelaje de sus barcos. Pero en la Comunidad Valenciana, según denuncian ahora los marineros, las ayudas sólo han llegado a los armadores de los barcos, “Porque la Federación de Cofradías ni si quiera nos han informado de este derecho, y ahora nos dicen que por la crisis no saben si habrá dinero”.
Ante esta situación que afecta a cerca de 600 trabajadores y 140 barcos de arrastre litoral en la provincia de Alicante, ayer una representación de marineros acudía a la Consellería y a la delegación de gobierno para presentar sendos escritos firmados por dos centenares de marineros de Torrevieja, Santa Pola, Villa Joyosa y Campello, para demandar el mismo tratamiento que se está dando a este problema en otras comunidades. En declaraciones a este diario, representantes de los marineros no descartaban sumarse a las acciones de protesta del colectivo de senegaleses, si no se adoptan medidas antes de la próxima parada biológica, prevista para los meses de septiembre y octubre.
Ignacio Martín

VÍCTIMAS DE LA LEY DE COSTAS

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A.M.H es una vecina de la Calle del Sol Naciente situada en La Albufereta de Alicante. Su relato es uno más entre las más de 20.000 familias afectadas por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas , aunque con algunas connotaciones especiales. Su marido ha padecido durante año y medio una enfermedad física y mental que le mantenía postrado en la cama, por lo que solicitó la ayuda a la que tenía derecho por la ley de Dependencia.
Pero la ayuda nunca llegó, su marido falleció y ella perdió su negocio al tener que atender a su marido, además de provocarse una hernia discal severa, por los esfuerzos para levantarlo y moverlo para ayudarle a realizar sus funciones básicas.
Al quedarse sin ningún ingreso y mientras se cumplían los lentos y farragosos trámites para obtener una pensión por invalidez, A.M.H, decidió ampliar la hipoteca para poder salir del apuro. Pero la sorpresa vino cuando el tasador del banco le informó de que el valor de su vivienda en el mercado era igual a 0 euros: “por encontrarse en el domino público, su casa está fuera de mercado según la ley de costas”, le espetó el tasador con cierto apuro, aunque, seguramente, sin sospechar que A. M. H, a sus 63 años de edad, no recordaba haber experimentado una sensación parecida, desde que en el año 1955, poco después de la Segunda Guerra Mundial, emigró a España desde su país de origen para escapar de las expropiaciones forzosas con las que el entonces gobierno comunista de Hungría dejó a su familia al borde de la indigencia.
Un prestamista de esos que sólo florecen en tiempos de crisis fue la solución desesperada a la que acudió la protagonista involuntaria de esta historia, mientras llegaba la esperada pensión de invalidez para poder mantener sus gastos corrientes.
Pero la pensión por invalidez se está haciendo esperar tanto como lo hizo la ayuda por la dependencia de su difunto marido. Y lo que sí que está a punto de llegar ya es el vencimiento del plazo para devolver el préstamo al prestamista oportunista.
El día 25 de este mes A.M. H perderá su casa por no haber podido venderla ni hipotecarla en condiciones normales, y volverá a encontrarse, a sus 63 años de edad, en la misma situación de indigencia de la que huyó en 1955, cuando escapó del comunismo.

“A MI HERMANO LE MATARON DE UNA MANERA SALVAJE”

Salah Mounmen el hermano del joven Marroquí asesinado durante las pasadas fiestas de Santa Pola ha accedido a hablar con La Verdad, a pesar de los momentos de inmenso desconsuelo que atraviesan él y su familia. “Nuestro padre fue profesor de religión, y mi hermano seguía sus pasos”. Salah relata cómo pasó con su hermano las últimas horas que precedieron al crimen. “Estábamos tranquilamente en la barraca que ponen al lado de su casa. A las doce menos cuarto, yo quise seguir la fiesta y me bajé al pueblo a ver la barraca de las sevillanas; pero él prefirió recogerse ya, porque era más de quedarse en casa. Esa fue la última vez que le vi con vida. Cuando le mataron estaba leyendo el Corán. No entiendo porque lo hicieron; el no se peleaba con nadie, y ni si quiera hablaba bien español para poder discutir”.
Aunque asegura que su hermano jamás se metía con nadie, Salah admite que la víctima tenía un carácter orgulloso. “Tras trabajar tres meses en Benidorm vino a vivir a una casa de nuestra tía en Santa Pola, pero surgieron problemas con el marido de ella, que le hacía sentir como una carga, así que decidió marcharse a vivir a la casa de la calle Soledad”, relata el desconsolado hermano.
Pero nadie de la familia podía sospechar que a Mustapha lo aguardaba una muerte brutal en su nuevo domicilio. Su propio hermano Salah pudo comprobar el ensañamiento con que se aplicaron los verdugos cuando tuvo que ver las fotografías de la escena del crimen, que le mostraron los agentes de la Guardia Civil para identificar el cadáver de su hermano pequeño. “A mi hermano le mataron de una manera salvaje. Le golpearon con un hierro en la cabeza. Tenía una agujero del tamaño de la mano en la espalda; y una herida retorcida como si le hubieran escarbado para hacerle más agujero; también tenía un ojo hinchado y cerrado de los golpes que le darían”.
A diferencia de su hermano pequeño, Salah Mounmen se hace entender muy bien en castellano, ya que hace más de cinco años que reside en nuestro país; pero cuenta la terrible historia entrecortando sus palabras por un llanto que trata de reprimir en vano… A esta altura del relato, el hombre corpulento de veintiséis años de edad se deshace en el mar de lágrimas de un niño desconsolado.
Su familia no puede cargar con más dolor. El marroquí cuenta que en su país acababan de enterrar a su padre y a otro hermano de 17 años “ Mi madre cuando se ha enterado de que han asesinado a Mustapha no ha podido resistir más. Está enloquecida y no podemos hablar con ella. Se tapa los oídos con las dos manos para no escuchar a nadie”, relata estremecido.

SALAH CONFÍA EN LA JUSTICIA PERO TEME NO PODER ASISTIR AL JUCIO DE SU HERMANO

Mustapha Monmen tenía 22 años de edad la noche en la que fue asesinado. Hacía tan sólo seis meses que había llegado a España con la ayuda de su hermano, que le había precedido en el viaje. Ahora su cuerpo sin vida descansa en el tanatorio de La Siempreviva de Alicante, a la espera de que los allegados de la familia y los feligreses de la Mezquita de Crevillente consigan recaudar los 3.400 euros que costará la repatriación al pueblo de Oudz en la provincia marroquí de Khoribga.
Salah asegura no tener miedo, aunque sabe que el asesino o los asesinos de su hermano seguramente sean personas con residencia en Santa Pola. “Yo soy valiente como lo fu él, que se defendió y como no podían con él lo asesinaron" , afirma. Pero a Monmen lo que le preocupa ahora es que si se desplaza a Marruecos para enterrar a su hermano, no podrá estar en España cuando se celebre el juicio contra su asesino. Su permiso de residencia está a punto de expirar, y si saliera del país teme que no podría volver a entrar. Por eso afirma que quiere buscar algún abogado que le permita obtener un visado para permanecer en España, hasta que los culpables sean detenidos.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola, trabajan las 24 horas del día para esclarecer este crimen, aunque mantienen todas las pesquisas en absoluto secreto para no perjudicar la investigación. Así las cosas, durante estos días la mayor fuente de información se encuentra entre los pocos vecinos de las inmediaciones a la calle Virgen de la Soledad que se atreven a realizar algún comentario. En el barrio se comenta que durante el pasado domingo la Policía Judicial recogió de un parque próximo a la escena del crimen una barra de hierro de las que se emplean para montar los puestos del mercadillo, al parecer con manchas de sangre, que podría contribuir al esclarecimiento del caso en un plazo breve.
Pero a la dificultad para investigar este crimen se suma el hecho de que en la noche de autos la mayoría de los vecinos se encontraban celebrando los distintos actos festivos de las fiestas patronales de Santa Pola, por lo que parece descartable que pueda encontrarse ningún testigo que haya podido ver lo que sucedió aquella madrugada del seis de septiembre.
El entorno de la calle Virgen de la Soledad es un barrio humilde de trabajadores en el que conviven inmigrantes de variada procedencia con personas de etnia gitana y familias vinculadas al mundo de la pesca o la construcción. Estos días, según algunos vecinos, el barrio se muestra más vacío de lo habitual y son muchos los que aseguran “que nada volverá a ser igual hasta que no se detenga a los culpables”. Entre los comentarios de los vecinos se escucha también que los implicados podrían ser varias personas y que las investigaciones de la Policía Judicial “se están centrando entre los residentes del barrio por lo que podrían ser gente que viva aquí, si no es que se han escapado ya para que no les encuentren”.

CRIMEN EN LAS FIESTAS DE SANTA POLA (7-9-08)

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA EL ASESINATO DE UN INMIGRANTE EN SANTA POLA

JUNTO AL CADÁVER APARECIÓ UN CORÁN CON LAS PÁGINAS ARRANCADAS

A la una y media de la madrugada del Sábado la llamada de un vecino de Santa Pola alertaba a las fuerzas de seguridad de que en medio de la calle Soledad, a la altura del número 71, yacía el cuerpo sin vida de un inmigrante africano envuelto en un gran charco de sangre. La víctima era un varón de unos 30 años de edad, que escasos minutos antes había estado bailando en la barraca de la calle Felipe Segundo, muy próxima al lugar de los hechos.
Según el testimonio de algunos vecinos, el fallecido acababa de anunciar a las personas que se encontraban en la barraca celebrando junto a él las fiestas patronales de la villa, “que se marchaba a casa porque estaba en ramadán y no podía beber ni fumar”. Los agentes de la Guardia Civil desplazados al escenario del crimen encontraron junto al cadáver un Corán con las páginas arrancadas, junto a otros signos de violencia.
Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local acordonaron en pocos minutos ambos extremos de la calle, impidiendo a los vecinos que regresaban de los distintos actos festivos acceder a sus domicilios hasta cerca de las cinco de la mañana. Hasta las doce del mediodía de ayer, todavía permanecían en la escena del crimen varias unidades de la Policía Judicial, recabando las pruebas que puedan conducir al esclarecimiento del caso.
“Era un chico educado que no había dado ningún problema”, declaraban algunos de los vecinos espantados por el suceso, que todavía permanecían ayer tratando de limpiar los restos de sangre que se distribuían por un amplio trecho de la calle. Según los primeros datos recabados por este diario, el fallecimiento pudo producirse por una herida causada por arma blanca, y en él habrían intervenido varias personas.
La víctima fue encontrada junto a la puerta de una vivienda de planta baja que compartía con su hermano y dos gallos de pela, desde hacía tan sólo algunos meses. Las puertas del domicilio permanecían abiertas en el momento de llegar las fuerzas de seguridad junto a una unidad de Soporte Vital Básico, cuyo equipo sanitario nada pudo hacer por salvar la vida del inmigrante. A lo largo de la mañana, los agentes tomaron declaración al propietario de la vivienda, de nacionalidad española, y a algunos de los posibles testigos; pero por el momento no consta que se haya producido ninguna detención en relación a este suceso.

Se vende yate de lujo. Razón: resaca inmobiliaria

La burbuja inmobiliaria se rompió, acabando con los sueños de grandeza como pompas de jabón. El boom inmobiliario de las últimas décadas levantó gigantes fortunas construidas de la noche a la mañana sobre los frágiles cimientos del ladrillo especulativo. En la cima de este ascenso vertiginoso que precedía a la caída, Santa Pola inauguraba en el año 2006 el puerto deportivo Marina Mira Mar. Sus 234 amarres para albergar embarcaciones con esloras comprendidas entre los 11 y los 40 metros, dejaba desatendida la antigua demanda de contar con más amarres para los barcos más modestos de la clase media ilicitana que había sostenido secularmente el cultivo del ocio náutico. Pero entonces sus quejas pasaron desapercibidas. Había que hacer sitio a los grandes.
Por esa mismas fechas los astilleros Astondoa emprendían en su planta de Vigo la construcción del que sería el yate de lujo más grande construido jamás en España, para atender al encargo de un conocido constructor ilicitano: el Samurai One, inauguraba para Astondoa el mercado de las más grandes embarcaciones de lujo conocidos como “los megayates”. “Cuando nuestros clientes de toda la vida querían dar un paso mayor tenían que acudir a otros astilleros”, declaraba con orgullo el gerente de los Astilleros en marzo de 2008, con motivo de la presentación en sociedad del palacio flotante de quince millones de euros.
Por entonces, la fábrica de yates de lujo más importante de España afrontaba el futuro con optimismo, y fuentes de la empresa declaraban desconocer la crisis “dado que el 70% de nuestro mercado es extranjero y trabajamos por encargo”.
Pero la ola de la crisis parece haber alcanzado ya a los puestos más altos del mercado y desde entonces hasta hoy la plantilla de trabajadores de Astondoa ha tenido que encogerse paulatinamente hasta llegar a los 83 empleados de los 180 que tenía en plantilla en su planta de Santa Pola.
Al parecer, el último feo se lo ha hecho a la empresa astillera un constructor de San Pedro de Pinatar, que ha renunciado a la señal de mil millones de las antiguas pesetas que había pagado para construir el barco que dejaría pequeño al Samurai One con, sus 46 metros de eslora: “el comprador ha dicho que no podía pagarlo y se lo ha tenido que quedar el Astillero. Así que a la semana que viene lo traen de Vigo para ponerlo a la venta”, declara uno de los trabajadores de la empresa que se ha quedado sin trabajo. El Samurai One tampoco parece haber flotado por mucho tiempo “si buscas en páginas web especializadas extranjeras puedes comprobar que ya lo han puesto a la venta también, así que la alegría les ha durado menos de una año a los dueños”, añade este nuevo trabajador en paro. La crisis ninja puede hasta con los samuráis del ladrillo.