"¿COMO PODEMOS PAGAR ALGO QUE EL ESTADO NOS PUEDE QUITAR CUANDO QUIERA?"
Sin duda habrán sido muchos los ciudadanos residentes en el litoral mediterráneo español los que ayer hayan sentido que sus clamores contra el urbanismo descontrolado han sido al fin escuchados en alguna parte.
En palabras de la propia autora de la resolución histórica aprobada ayer en el Parlamento Europeo, el informe Auken es el resultado de un largo trabajo “que repercute en las vidas de decenas de miles de ciudadanos europeos”.
“Hablamos de repercusiones catastróficas, especialmente en las zonas costeras, que afectan a la ecología, a la economía y a los derechos de los propietarios que han adquirido legalmente sus viviendas” Entre estos últimos se encuentran miles de propietarios de viviendas en la provincia de Alicante, para quienes la aplicación retroactiva de la Ley de Costas ha convertido las escrituras de sus pisos adquiridos legalmente en papel mojado.
No pueden hipotecarlos para hacer frente a la crisis, tampoco pueden venderlos y lo único que se les permite es seguir pagando los créditos que contrajeron para adquirirlos , y las reformas a las que se ven obligados, cuando su deterioro afecta a las seguridad de los viandantes.
Este es el caso, por ejemplo, del edificio Helios, que actualmente se ha visto obligado a acometer una reforma de la fachada por valor de un millón y medio de euros, con una derrama para cada propietario de unos 24.000 euros. “¿Pero cómo podemos pagar tanto dinero para reformar algo que es del Estado y que nos pueden quitar en cualquier momento”?, se lamenta Rogelio Sanchís, el propietario de un restaurante familiar en primera línea.
En el caso,de Rogelio, la aplicación de la Ley de Costas que ha reprobado el Parlamento europeo podría dejarle no sólo sin vivienda, sino también sin el único medio de vida con el que subsisten él y su familia. De nada le sirven las escrituras del piso y de local del restaurante, ni la licencia de apertura o el permiso de la Comandancia de Marina, con el que se construyeron todos los edificios de la zona afectada ahora por el deslinde. La interpretación de la Ley que han realizado los técnicos de Costas, deja su vivienda familiar y su negocio dentro del temido DMT (Dominio público Marítimo-Terrestre).
Otra comunidad de vecinos, la del edificio de Rocafel ha recibido una multa de Costas por reparar varias ventanas que fueron destruidas por un vendaval en el 2008, a pesar de que el propio Ayuntamiento de Alicante había exigido a la comunidad de vecinos “su reparación urgente parta evitar peligros”. Son los laberintos kafkianos de una ley que muchos no entienden y que a la mayoría se le antoja caprichosa, o interesada en sus criterios de aplicación. “Nos quieren quitar las casas por una ley del año 88, pero toda esa zona de urbanizaciones nuevas ha sido construidas a partir del año 2000 y nadie se ha metido con ellas, a pesar de que están a siete metros del mar”, argumenta indignado otro de los vecinos señalando a la zona de Cala Cantalar, donde puede apreciarse aún los andamios de un chalet todavía en construcción que parece corroborar sus afirmaciones.
Todos estos vecinos se sienten víctimas de una maraña de leyes y disposiciones incomprensibles y abiertas a cualquier interpretación. Una sensación que refleja el informe aprobado ayer por el Pleno del Parlamento Europeo: “La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa…la recién recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello”, reza el documento.
Más contundente se muestra aún Carmen del Amo, la presidenta de la Asociación Europea de los Afectados por la Ley de Costas: “El Gobierno Español se enriquece injustamente pasando a nombre del Estado el patrimonio de cientos de miles de familias a las que está llevando a la desesperación, y a lo mejor lo único que pude pasar para que se replanteen esta política despiadada es que Europa les pueda quitar los fondos estructurales y las subvenciones a su urbanismo”, declara, esperanzada, con el resultado de la votación en el Parlamento Europeo.Ignacio Martín Sáez
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