EL PE VOTA EL INFORME AUKEN CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL URBANISMO

AUKEN, JUNTO A LOS AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS
El Pleno del parlamento europeo asistirá mañana a la tercera votación contra la política urbanística española, tras la propuesta presentada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) basada en el informe Auken de la europarlamentaria danesa de los verdes.
Trabajando codo con codo, las delegaciones europeas del PP y PSOE se afanan durante las últimas horas en recabar apoyos que logren restarle al texto definitivo parte de su inusitada dureza.
Y no es para menos, ya que, en caso de aprobarse sin las enmiendas de los dos grandes grupos políticos nacionales, aparte de abundar en el descredito internacional que acumula nuestro país en una materia especialmente sensible como es su sector inmobiliario, supondría una propuesta para suspender las ayudas que España recibe de la UE, a menos que las autoridades españolas rectifiquen lo que la europarlamentaria califica como “falta de claridad, precisión y seguridad jurídica que ha generado una forma de corrupción endémica”.
Además, el documento que se presentará a votación exige una moratoria para todos los proyectos urbanísticos que no se plieguen a las leyes europeas, y realiza una condena manifiesta de la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, que en la provincia afecta a los derechos de propiedad de miles de familias que adquirieron sus viviendas con anterioridad a la aprobación de la ley en el entorno del litoral alicantino (Albufereta, Santa Pola, Arenales del Sol…)

El informe del Comité de Peticiones ha estudiado las denuncias presentadas por numerosos colectivos de españoles y europeos que se sienten víctimas del la planificación urbanística, como la “Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Medio ambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos” y “La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas”. A lo largo de sus 35 páginas, el documento arroja dudas sobre la capacidad del sistema judicial español para restablecer los derechos de los afectados por las aplicaciones abusivas o la vulneración de la legislación vigente. De hecho, la comisión se pregunta el motivo por el que la Ley de Costas de 1998 ha recobrado ahora su impulso “después de estar 20 años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación”, y define su aplicación como “caótica y arbitraria porque permite que se demuelan antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos".

El texto que se presentará mañana a votación considera que esta ley afecta “de manera desproporcionada a los propietarios particulares pero no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera” , e insta a que se revise urgentemente “a fin de proteger los derechos legítimos de estos. “Ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada adquirida legítimamente puede encontrar su fundamente jurídico en una ley adoptada con posterioridad, porque ello sería contrario al Derecho Comunitario” reza el documento.

Una condena desde el parlamento europeo que “en caso de aprobarse supondría un aliento de esperanza para las miles de familias a las que se está llevando a la desesperación”, según declara a este diario Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, y residente en la zona de Rocafels. “La única salida posible, visto que la justicia española resulta excesivamente lenta, cara e incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, ha sido la de recurrir al Parlamento Europeo pidiendo su amparo” declara.